La diferencia entre la pensión de jubilación de los trabajadores autónomos y la de los asalariados vuelve a situarse en el centro del debate público. Según los últimos datos disponibles, quienes han desarrollado su actividad por cuenta propia perciben, de media, 670 euros menos al mes cuando se retiran. Esta distancia representa una brecha del 38,8%, una cifra que refleja un desequilibrio estructural en el sistema de cotizaciones español.
El dato no solo pone de manifiesto una desigualdad económica evidente, sino que también revela las consecuencias de décadas de cotización mínima por parte de muchos profesionales autónomos. Durante años, el diseño del modelo permitió bases reducidas que, si bien aliviaban la presión fiscal en el presente, condicionaban de forma severa el futuro acceso a prestaciones dignas.
Mientras el debate político se centra en la sostenibilidad de las pensiones, miles de autónomos afrontan una jubilación con ingresos sensiblemente inferiores. En un contexto de inflación persistente y encarecimiento del coste de la vida, la diferencia de casi 700 euros mensuales puede marcar la frontera entre una jubilación estable y una etapa de incertidumbre económica. El contraste resulta especialmente llamativo si se tiene en cuenta que los autónomos representan un pilar esencial del tejido productivo español. Sin embargo, su protección social sigue mostrando carencias que afectan directamente a su bienestar en la última etapa de la vida laboral.
¿Por qué los autónomos cobran menos pensión que los asalariados?
La principal razón de esta diferencia radica en las bases de cotización históricamente más bajas del colectivo autónomo. Durante décadas, la mayoría optó por cotizar por la base mínima permitida. Esta decisión, en muchos casos forzada por la elevada carga fiscal y la inestabilidad de ingresos, ha derivado en prestaciones considerablemente más reducidas al alcanzar la edad de jubilación.
En contraste, los trabajadores asalariados cotizan en función de su salario real. Esto implica que, a lo largo de su vida laboral, suelen aportar cantidades superiores al sistema, lo que se traduce en pensiones medias más elevadas. El resultado es una brecha que hoy alcanza el 38,8%, según las cifras oficiales.
A ello se suma que muchos autónomos han sufrido interrupciones en su actividad, periodos de crisis o cierres forzosos que han mermado sus años de cotización efectiva. El sistema, rígido y poco flexible durante años, no compensó adecuadamente estas situaciones.
¿Cómo afecta esta brecha al futuro del sistema de pensiones?
La diferencia de 670 euros mensuales no es solo un dato estadístico; tiene implicaciones sociales y económicas profundas. En primer lugar, cuestiona la equidad de un modelo que, pese a las recientes reformas, continúa penalizando a quienes emprendieron y asumieron riesgos empresariales.
Las reformas introducidas para vincular las cotizaciones a los ingresos reales buscan corregir esta distorsión. Sin embargo, sus efectos solo serán visibles a largo plazo. Para quienes están próximos a jubilarse, el margen de maniobra es escaso.
Desde una perspectiva crítica, resulta legítimo plantear si las políticas públicas han protegido suficientemente al trabajador por cuenta propia. El discurso oficial insiste en la solidaridad intergeneracional, pero la realidad muestra que el esfuerzo contributivo no siempre se traduce en prestaciones proporcionales.
¿Qué soluciones se plantean y qué horizonte espera a los autónomos?
Expertos en economía y asociaciones del sector reclaman incentivos claros para fomentar cotizaciones más ajustadas a los ingresos reales, así como una mayor educación financiera desde el inicio de la actividad profesional. También se propone reforzar mecanismos complementarios como los planes de pensiones privados, especialmente relevantes para quienes han cotizado por bases reducidas.
El reto, no obstante, va más allá de ajustes técnicos. Se trata de garantizar que el sistema premie el esfuerzo y no penalice la iniciativa individual. Sin reformas estructurales profundas, la brecha podría perpetuarse durante décadas.
En definitiva, la diferencia del 38,8% en la pensión de jubilación entre autónomos y asalariados no es un fenómeno coyuntural, sino el reflejo de un modelo que necesita equilibrio y previsión. La sostenibilidad del sistema exige responsabilidad política y claridad normativa para evitar que el emprendimiento termine pagando un precio excesivo en la vejez.
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